El 24 de marzo de 1980, monseñor Oscar Romero fue asesinado por un francotirador. En esos momentos Romero pronunciaba misa en la capilla del hospital de enfermos de cáncer de La Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador.

Treinta años después, el recuerdo del sacerdote católico sigue vivo no sólo en El Salvador, sino entre la población de toda América Latina.

Monseñor Romero fue considerado "la voz de los sin voz", por denunciar las injusticias sociales y la represión militar. Ese año, 1980, fue un año que se lo recordará por la escalada de violencia que no sólo se llevó la vida del religioso, sino también de centenares de personas. En plena guerra fría, el Gobierno salvadoreño había emprendido una feroz represión contra la izquierda para acabar con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos, muchos civiles e incluso sacerdotes y monjas que trabajaban al lado de los más empobrecidos.

El Arzobispo de San Salvador denunció la represión, los asesinatos y pidió una sociedad más justa. La represión se cobró la vida en El Salvador de más de 80 mil personas. El jesuita empezó a ser reconocido internacionalmente, incluso en 1979 fue nominado al premio Nóbel de la Paz. En un viaje a Europa poco tiempo antes de su asesinato visita al Papa Juan Pablo II y le comunica su inquietud por la dictadura que vive su país. Pocos días antes de ser asesinado Romero recibió amenazas de muerte por teléfono. Estaba siendo incómodo a los represores.

El 30 de marzo de 1980, mientras se realiza el funeral del Arzobispo el Ejército dispara contra miles de salvadoreños que asistían a su entierro. El resultado fue más de 40 muertos. Ese año empezaba la guerra civil que duró 12 años.

Un informe de la Comisión de la Verdad llegó en 1992 a la conclusión de que el mayor Roberto D’ Aubuisson, fundador del partido ARENA y para entonces ya fallecido, ordenó el asesinato del arzobispo a miembros de su servicio de seguridad, que actuaron como "un escuadrón de la muerte".

Pero un año después el Gobierno promovió una Ley de Amnistía que impide procesar a los asesinos y responsables de las numerosas matanzas. Por eso la organización Amnistía Internacional, organizaciones de Derechos Humanos salvadoreños y asociaciones de víctimas reclaman al actual Gobierno que revoque la Ley de Amnistía.

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