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Amnistía Internacional: "En España hoy por hoy no existe una sanidad universal"



SaludServicios Sociales y Públicos  |  Estado Español

25 de abril de 2018

La organización defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha publicado un informe titulado "La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España". Dicha investigación concluye que los ciudadanos con rentas bajas, especialmente los enfermos crónicos, las personas mayores y los pacientes que reciben tratamientos de salud mental, han sido los que más han acusado los recortes sanitarios introducidos desde 2009 por los gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular.

Los recortes han deteriorado la calidad, accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria española, defiende la organización en su estudio. El informe recuerda que en 2009 la administración central comenzó a recortar el gasto público en Sanidad -que en 2013 era un 12,7 % inferior al de 2009- y en 2012 aprobó el real decreto que limitaba la atención a personas migrantes en situación irregular. Además, a esas medidas se suman el haber trasladado a los enfermos el coste de determinados servicios, la introducción del copago farmacéutico y la desfinanciación de más de 400 medicamentos.

Esto ha llevado a los hogares a gastar más en salud y ha obligado a muchos pacientes a tener que depender de sus familiares para pagar los tratamientos, a prescindir de la medicación, a racionar las medicinas o a optar por pagarlas en detrimento de otros gastos. La consecuencia, señala Amnistía Internacional, es que en España, hoy por hoy, no existe la sanidad pública universal.

El informe señala además que la disminución del gasto público en sanidad ha afectado también a la actividad de los profesionales de la salud: son menos, afrontan más horas y carga de trabajo -pudiendo dedicarle menos tiempo a sus pacientes-, sufren más precariedad y tienen peores salarios y menos beneficios. Asimismo, se ha detectado un aumento de las listas de espera.

Amnistía Internacional considera que España "ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" e insta al Gobierno a que revierta los recortes, muchos de los cuales siguen en vigor a pesar del final de la crisis.



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