Después de tanto ruido, el decreto ley anti-desahucios aprobado el pasado jueves 15 de noviembre por el Gobierno español resulta totalmente insuficiente. El derecho aprobado deja fuera a muchos de los casos de desahucio dado que incorpora unas condiciones muy restrictivas para paralizarlos: situación de vulnerabilidad (definida con criterios cuando menos arbitrarios), no superar ingresos anuales de 19.000€ y acreditar un aumento de la carga hipotecaria en los últimos años. Nada dice de los desahucios que ya se han producido ni de la dación en pago retroactiva por ejemplo.

Todo parece indicar que la presión ciudadana les ha obligado a decir algo respecto a este drama social, pero que lo han hecho como nos tienen acostumbrados: una vez más, la banca dicta y el gobierno redacta la ley.

Ante la inacción del gobierno, sigue la lucha ciudadana con iniciativas como la acampada ante la sede de Bankia, la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, cuya recogida de firmas se prorroga hasta enero y la presentación de escritos de suspensión de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual.

El programa ‘El Candelero’, de Radio Vallekas, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Javier Rubio, abogado de la Plataforma de Afectados y Afectadas por las Hipotecas.