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Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y el Gobierno brasileño aprobaron la privatización del servicio de agua



Servicios Sociales y Públicos  |  América Latina y el Caribe

20 de febrero de 2017

Empleados estatales y movimientos populares protagonizaron una jornada de protesta por la privatización de la Compañía de Agua y Alcantarillado de Río de Janeiro (CEDAE). El gobernador de la segunda ciudad más importante de Brasil, Luiz Fernando Bigfoot, firmó un acuerdo con el gobierno federal de Michel Temer, el presidente resultante del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, para la privatización de esa empresa.

El gobierno regional y el Gobierno nacional han puesto en manos privadas la empresa pública más rentable del Estado, la que más fondos recaudaba para las arcas públicas. Pero es que además, la privatización pone en peligro más de seis mil empleados de la empresa.

Río de Janeiro va a perder una empresa que da beneficios. Por ese motivo, el Movimiento Unificado de los Servidores Públicos del Estado anunció una gran manifestación frente a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en contra de la privatización del agua y el alcantarillado que encarecería el costo de los servicios. Afirman que el agua es vida, no puede ser privatizada porque quien pagará los gastos será la población, y los sectores más empobrecidos no tendrán acceso al agua potable ni a un alcantarillado que garantice la seguridad sanitaria.

Al margen de la gran manifestación que se espera el jueves, las protestas ya han comenzado produciéndose violentos enfrentamientos entra la policía manifestantes. La policía ha sido grabada y fotografiada haciendo uso de sus armas de fuego.

Las organizaciones sociales y vecinales de Río estiman que la privatización del agua es parte de un proyecto político, basado en el Estado mínimo, allanando el camino para la privatización de empresas estatales de saneamiento en otros estados de Brasil. Demuestra el giro neoliberal que el presidente Temer está llevando a cabo en Brasil. Afirman que lo primero ya no es la ciudadanía, sino las empresas y sus dueños multimillonarios.



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