El viernes por la noche, el primer ministro italiano, el socialdemócrata Enrico Letta, puso entre la espada y la pared a Silvio Berlusconi, su rival derechista, pero su curioso “socio” de Gobierno a la vez, retándole a que le dijera en el Parlamento, delante de todos los italianos, si estaba dispuesto a renovar la confianza en el Ejecutivo o si, como viene haciendo desde hace dos meses, iba a seguir condicionando su apoyo a una salida a sus problemas con la justicia. Ni 24 horas después, Berlusconi obligó a dimitir a todos sus ministros (5 de las 15 carteras del Gabinete), provocando, como ya hiciera al retirar la confianza al Gobierno de Mario Monti a finales de 2012, una crisis absoluta de gobernabilidad.

Berlusconi, desde que fue condenado en firme a cuatro años de cárcel por fraude fiscal (de los que solo cumpliría uno y en ningún caso en prisión) en el caso Mediaset viene amenazando con hacer caer al Ejecutivo si es expulsado del Senado, como —dicho sea de paso— prevé la legislación actual contra los políticos corruptos condenados.

En los últimos días, además, la escalada verbal de Berlusconi y los suyos había subido hasta el punto de tildar de “golpe de Estado” la supuesta persecución judicial y política a la que, según Il Cavaliere, viene siendo sometido en los últimos tiempos.

El primer ministro Letta pretendía subir el IVA del 21% al 22% a partir del 1 de octubre. Y aquí fue donde Berlusconi se agarró para disfrazar el jaque al Gobierno. El primer ministro acusó públicamente a Berlusconi de mentir: “Berlusconi, para intentar justificar el acto loco e irresponsable, tan solo destinado a tapar sus asuntos personales, intenta darle la vuelta a la tortilla utilizando la excusa del IVA”.
El presidente Giorgio Napolitano dijo que disolverá las dos cámaras si no se llega a un acuerdo para formar gobierno.