La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, no deja de hacer declaraciones que suenan a otros tiempos y que para muchos colectivos sociales representa lo más rancio de la derecha española.

Siendo la jefa de la policía en Madrid, Cifuentes fue la responsable de las detenciones de activistas pacíficos que participaron en la manifestación del 25 de septiembre pasado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Cifuentes dijo que lo que pretendían era dar un Golpe de Estado, sin embargo la Justicia dio un varapalo a la Delegada absolviendo a los detenidos.

Ahora la Sra. Cifuentes declaró que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimiento absolutamente pacífico, apoya a grupos proetarras. Si eso fuera cierto sería un delito. Y ella como responsable de la policía en Madrid debería actuar de inmediato ordenando detenciones y poniendo a los activistas a disposición judicial. Pero Cristina Cifuentes no ha hecho eso ni lo hará, porque la mentira de su acusación la volvería a dejar en ridículo ante la Justicia. De hecho, la última crítica hacia la Delegada del Gobierno llega directamente de un grupo de jueces. La asociación Jueces para la Democracia ha criticado las declaraciones de Cristina Cifuentes al "vincular con torpeza a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca con el entorno de ETA".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha asegurado que "resulta sorprendente" que desde "ámbitos gubernamentales" se vincule a las plataformas de desahuciados con ETA". "Estos colectivos se han distinguido por actuar de forma pacífica", ha añadido. Por ello, Bosch considera "lamentable" que estos colectivos, en los que participan personas que están a punto de perder su casa o que ya la han perdido, además "tengan que soportar campañas gubernamentales de desprestigio". "La situación de crispación social en este ámbito resulta comprensible, ante la existencia de datos objetivos como suicidios, multitud de dramas familiares e innumerables personas que han quedado en situación de marginación o exclusión social", ha enumerado. Por ello, desde la asociación se emplaza al Gobierno a que aporte "soluciones a estos problemas, en lugar de dedicarse a descalificar a quienes los sufren y a quienes defienden sus derechos fundamentales".