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El Congreso español aprueba regular la eutanasia con la única oposición del Partido Popular



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27 de junio de 2018

Veinte años hace que Ramón Sampedro ingirió el cianuro que le causó la muerte tras pasar 30 años postrado en una cama aquejado de tetraplejia desde los 25 años de edad. Sampedro desarrolló una intensa actividad de petición judicial para poder solicitar el suicidio asistido, y que la persona o personas que le auxiliasen no incurriesen en delito dado que su estado lo incapacitaba para hacerlo sin ayuda externa. Desde aquel 1998 poco ha cambiado. De hecho la ley sigue siendo la misma. Hoy por hoy, el Código Penal castiga la cooperación para el suicidio y la eutanasia es un homicidio.

Lo que sí ha cambiado es el apoyo social a la eutanasia. Las encuestas indican que el 84% de la ciudadanía cree que debe reconocerse el derecho a la muerte médicamente asistida.

Pero ahora la realidad puede cambiar. España puede ser dentro de unos meses uno de los pocos países del mundo que tenga regulado el derecho a la eutanasia. Puede sumarse a la corta lista que encabezan Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y el estado australiano de Victoria. Por ahora el Congreso de los Diputados solo ha dado un primer paso, el prólogo de una larga tramitación parlamentaria, pero al menos cuenta con un aval de partida muy poderoso: el respaldo de todos los grupos, salvo el PP.

Analizamos y explicamos algunas de las claves de la proposición de ley para regular la eutanasia:

¿Es lo mismo eutanasia y muerte digna?
No son conceptos idénticos, aunque lógicamente sean conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Ello, defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo... y también consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados.

El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos. La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal. La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y que no demanda cambios en el citado artículo 143. Es decir, a día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida.

¿Quiénes pueden pedir ayuda para morir?
La proposición del PSOE, en su artículo 5, tasa los requisitos que han de reunir aquellos que demanden esa prestación. Solo puede administrarse en dos supuestos: padecer una enfermedad grave e incurable (la que origina "sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio", con un "pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva") o bien una discapacidad grave crónica (una invalidez generalizada, sin que existan "posibilidades fundadas de curación".

Además, el solicitante ha de ser mayor de edad y plenamente consciente en el momento de la solicitud, tener la nacionalidad española o residencia legal, disponer de toda la información del proceso y de las alternativas y haber solicitado de manera voluntaria y por escrito ayuda para morir (y que esta no sea resultado de una "presión externa"), petición que ha de repetirse al menos una ocasión más con una separación de 15 días naturales. La eutanasia no se podrá realizar "sin que hayan transcurrido, al menos, 15 días naturales desde la última solicitud".

¿Cómo ha de cursarse la petición?
La solicitud de la prestación de ayuda para morir, dice la proposición de ley (art. 7), ha de hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el peticionario. Si este se encontrase impedido para rubricarlo, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá "fecharlo y firmarlo en su presencia", y este autorizado deberá mencionar el hecho de que quien demanda la asistencia no puede hacerlo por sus propios medios.

El documento habrá de suscribirse en presencia de un profesional sanitario, que también lo rubricará. El escrito se incorporará al historial clínico del paciente. El solicitante podrá revocar su petición en cualquier momento o pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

¿Se puede denegar la solicitud?
Sí. El médico responsable puede rechazarla motivadamente y, siempre que no sea producto de la objeción de conciencia a la que tiene derecho el facultativo, la persona solicitante, o sus familiares, en el plazo de cinco días hábiles pueden presentar una reclamación ante la comisión de control y evaluación encargada de vigilar todos estos procesos eutanásicos.

¿Hará falta una segunda opinión?
Sí. El médico actuante —el encargado de prestar la ayuda para morir— deberá consultar con otro facultativo que no forme parte de su equipo y que sea competente en el ámbito de las patologías sufridas por el paciente. Este segundo doctor deberá examinar al solicitante y estudiar su historia clínica y corroborar que cumple con todos los requisitos en un plazo máximo de diez días. Ha de redactar un informe, del que se dará cuenta al peticionario.

Además, el médico responsable, antes de practicar la eutanasia, ha de ponerlo en conocimiento de la comisión de evaluación y control para que realice la vigilancia previa.

¿En qué consiste el control previo?
Una vez que la comisión de control y evaluación recibe la comunicación del médico actuante, ha de designar (art. 15), en los dos días siguientes, a dos de sus miembros (un facultativo y un jurista) para que comprueben, con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, si "concurren los requisitos y condiciones establecidos". En un plazo máximo de siete días, estas dos personas han de emitir un informe y si su decisión es desfavorable a la solicitud, cabrá la opción de recurso ante la misma comisión.

¿Cómo se practica la eutanasia?
En los casos en los que se tenga la plena conformidad, el médico actuante asistirá al solicitante hasta el momento de su muerte, o bien prescribirá al paciente la sustancia que cause el fallecimiento para que se la pueda autoadministrar. En este último supuesto, el facultativo habrá de quedarse hasta el final para la "debida tarea de observación y apoyo" (artículo 10). Así, el PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final.

El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días.



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