Los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de cárcel a quien convoque a través de internet una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las fuerzas de seguridad del Estado.

Incluso sería considerado como un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, es decir, por ejemplo una sentada no violenta, como dejó claro el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que está provocando una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales.

El ministro anunció que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.

Para analizar estas medidas del Gobierno derechista español, hablamos con Juan Cruz, que pertenece a la Asamblea del Movimiento 15M de Manoteras, en Madrid.