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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España al considerar que las devoluciones en caliente son ilegales



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3 de octubre de 2017

El Gobierno de Mariano Rajoy va camino de ser el gobierno europeo campeón de las violaciones de Derechos Humanos. Tras la terrible represión del domingo en Catalunya, cuyas evidencias a través de vídeos y fotografías han recorrido todo el mundo, ahora es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha condenado al Estado español por las devoluciones en caliente en la frontera sur.

El Tribunal concluye que esas devoluciones en caliente, defendidas y ejecutadas por el Gobierno en Ceuta y Melilla, son ilegales. La Corte ha concluido que la expulsión inmediata de dos ciudadanos de origen subsahariano a Marruecos violó el Convenio Europeo de los Derechos Humanos que prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas.

N.D. y N.T, de Mali y Costa de Marfil, respectivamente, acudieron al Tribunal Europeo para denunciar la devolución en caliente de la que fueron objeto el 13 de agosto de 2014. Con el apoyo de los abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Gonzalo Boye (España) y Carsten Gericke (Alemania), expusieron a la Corte que ese día acudieron a la valla de Melilla desde Marruecos con la intención de llegar a España. Lograron superar parte del entramado fronterizo y aguantaron horas subidos a la valla más próxima a la ciudad autónoma, en territorio español.

Tras horas en lo alto, los dos ciudadanos subsaharianos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró la Guardia Civil. Abajo, los agentes españoles los entregaron a las fuerzas marroquíes, según queda reflejado en la decisión judicial de Estrasburgo. Nadie les preguntó su nombre. No los identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como establecen diferentes acuerdos internacionales de los que España forma parte, como la Convención de Ginebra, y como marcaba la Ley de Extranjería vigente en ese momento, meses después reformada en un intento de amparar estas prácticas.

Por tanto, la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado incumplió el Convenio Europeo de Derechos Humanos que ampara el derecho al recurso efectivo y prohíbe las expulsiones colectivas. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo condena a España a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros de indemnización.

Finalmente, los denunciantes lograron acceder al territorio español a través de Melilla el año siguiente y fue entonces cuando decidieron denunciar su caso.

Las devoluciones inmediatas descritas por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia son las mismas prácticas que el Gobierno español ha tratado de regular en su legislación, a través de la figura del "rechazo frontera", incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso una reforma de la Ley de Extranjería en el año 2015. Desde entonces, el Gobierno practica habitualmente las devoluciones en caliente en la frontera.

La violación de derechos humanos y el derecho al asilo por parte del Gobierno español llevan siendo denunciadas por organizaciones sociales desde hace años. Estas organizaciones ya advirtieron que las devoluciones en caliente son ilegales. Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid y activistas de la organización Inmigrapenal explica lo que son las devoluciones en caliente.



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