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El expresidente catalán Artur Mas se responsabiliza de todo lo que tuvo que ver con la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014



Pensamiento político y socialJusticia e In-Justicia  |  Estado Español

6 de febrero de 2017

El juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 ha dado comienzo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antes del comienzo del juicio se produjo una manifestación en apoyo a los encausados con una participación de cerca de 40.000 personas.

El expresidente catalán, Artur Mas, ha asumido la responsabilidad política de “todo” el 9-N y ha reiterado los mismos argumentos que esboza desde 2014. El fue “el máximo responsable” y las directrices partieron de su Gobierno que obedecía el mandato del Parlamento de Catalunya.

Artur Mas ha resaltado que el president es elegido por el parlamento autónomo, no por la ciudadanía, y que aquel proceso no fue “un capricho inadecuado, una salida de tono, una ocurrencia de última hora”, sino la consecuencia de los mandatos de la cámara y que no hubo “ánimo de desobedecer” al Tribunal Constitucional.

Mas, Ortega y Rigau son juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia grave. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el entonces presidente de Catalunya y 9 años para su vicepresidenta y consejera de Educación. Los tres acusados argumentan que recibieron muy tarde la suspensión cautelar de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional cuando la iniciativa ya la llevaban los miles de voluntarios que la hicieron posible.

El procese judicial es rechazado por los partidos soberanistas catalanes, y también por En Comú Podem. Los socialistas catalanes han sido más ambiguos, ya que su líder, Miquel Iceta, ha manifestado que no consideraba a Mas "un delincuente", pero que tampoco tenía ninguna intención de participar en las movilizaciones de apoyo. También ha añadido que la justicia debe poder actuar "con independencia y sin presiones".

Lo cierto es que en este proceso ni los expertos en derecho se ponen de acuerdo en atribuir a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega un delito de desobediencia por haber organizado la consulta del 9N a pesar del veto del Tribunal Constitucional. Hay quien lo tiene claro, pero hay juristas que consideran que los hechos no respaldan esta acusación. En primer lugar, porque para que haya desobediencia tiene que haber un requerimiento expreso a una persona determinada a ellos. Un requerimiento que le obligue a hacer o dejar de hacer algo. Incluso, recuerdan los juristas, se exige que esa comunicación y la desobediencia sean reiterados para que haya desobediencia.
Más difícil es la acusación de prevaricación. Algunos penalistas recuerdan que las resoluciones que se dicten deben apartarse del derecho de manera manifiesta, grosera e irracional. Recuerdan que no cualquier resolución administrativa contraria a derecho es prevaricadora.



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