En el Estado español se está penalizando la solidaridad con las personas más vulnerables. En los últimos tiempos hemos comprobado como la policía detenía a personas que habían mostrado su apoyo con familias que son desahuciadas de sus casas por los bancos o las Administraciones. Por ejemplo, una joven madrileña acudió a apoyar a una familia que iba a ser desahuciada en el barrio madrileño de Manoteras. La acción de apoyo consistió en hacer una sentada pacífica en el portal de la vivienda para intentar impedir el paso de las autoridades judiciales. La policía desalojó violentamente la protesta y el desahucio se llevó a cabo. Horas más tarde, mientras la joven paseaba por la calle unos policías se la acercaron y la detuvieron. La encerraron en comisaría hasta que fue puesta en libertad con cargos y a la espera de un juicio.

En estos casos las acusaciones más habituales son desacato al a autoridad o incluso, por increible que parezca dado el carácter absolutamente pacífico de las protestas, por agresión a la policía.

Otro ejemplo de cómo se está penalizando la solidaridad es el de Sonia en la localidad valenciana de Gandía. Sonia pertenece al Movimiento 15-M y quiso solidarizarse el pasado mes de septiembre con un vendedor callejero, migrante senegalés, al que perseguía la policía por la playa. Su apoyo se ha traducido en una trato vejatorio por parte de la policía y una posterior condena.

Desde Radio Klara, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Sonia.