En el Estado español, el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy supone algo más que recortes en prestaciones sanitarias, es un cambio de modelo en toda regla: la asistencia sanitaria deja de ser universal, un derecho para todos los ciudadanos, para ser una prestación a los asegurados. Dicho decreto, mal llamado de sostenibilidad, no pretende en absoluto garantizar el mantenimiento del sistema sanitario público, sino facilitar su privatización, dando entrada al lucro y la mercantilización de las prestaciones sanitarias.

En contra de la política del Gobierno está incluso el Tribunal Constitucional, quién ha dictado un auto en el que afirma que la sanidad no puede estar supeditada al interés económico y que el Gobierno no puede dejar sin asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular. Dice el texto del Tribunal Constitucional: "Los inmigrantes sin permiso de residencia, verán notablemente afectada su salud si se les impide el acceso a los servicios sanitarios públicos de forma gratuita, lo que repercutiría afectando directamente a la salud de toda la sociedad".

El Gobierno español parece como si no quisiera darse por aludido, diciendo de que el auto sólo se refiere a un asunto autonómico, ya que el recurso fue presentado por el Gobierno del País Vasco. Pero muchos creen que es un varapalo para el Gobierno. Probablemente sea uno de los primeros revolcones que va a sufrir el Gobierno con el TC", afirma el diputado Joan Coscubiella, de Izquierda Plural.

El programa ‘El Candelero’, de Radio Vallekas, de Madrid, nos ofrece la entrevista con Juan Luis Ruiz Giménez, médico de Atención Primaria, miembro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del colectivo YoSiSanidadUniversal.