El Secretario de Justicia de Estados Unidos (EE UU), Eric Holder, justificó el lunes que ciudadanos de ese país sean asesinados en el extranjero. Para hacerlo bastaría con que los militares o los servicios secretos estimen que suponen una amenaza terrorista para su gobierno.
En un esperado discurso en la escuela de Derecho de la Universidad Northwestern de Chicago, Holder se refirió al caso de Anwar al Awlaki, clérigo musulmán vinculado a Al Qaeda, nacido en EEUU y que falleció el pasado año en un ataque conjunto de la CIA y las Fuerzas Armadas en Yemen desde un avión no tripulado. El alto funcionario ofreció la justificación legal más detallada hasta ahora por parte del Gobierno, sobre aquella decisión. Para el secretario, la amenaza que suponía el clérigo justifica el ataque letal contra su persona, pese a lo cual reconoció que la decisión de matar a un ciudadano estadounidense "es una de las más serias a la que los líderes del Gobierno puedan hacer frente".

Para las organizaciones civiles, activistas por los Derechos Humanos y especialistas en el tema, nunca un presidente había tenido el poder de ordenar la muerte de un ciudadano estadounidense sin hacer cargos en su contra, sin juicio, sin aprobación judicial y lejos de un campo de batalla, como hasta ahora.

Aunque este tipo de acciones no son nuevas, si se toma en cuenta la larga historia del uso del asesinato como un arma política aplicada por siglos a líderes indígenas de ese país y gobernantes de otras naciones; estas ejecuciones por parte del Gobierno convierte a Estados Unidos en una especie de pandilla criminal que ejecuta a los adversarios donde estén y marca un retorno a la ley de la selva.

El informe con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Estados Unidos.