La Justicia argentina ha dado un nuevo paso en contra de la impunidad al condenar a represores de la dictadura. En un nuevo proceso ha sido condenado a cadena perpétua, el ex general Eduardo Cabanilla, responsable del centro clandestino de detención Automotores Orletti, por donde pasaron víctimas sudamericanas del Plan Cóndor, el programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Además, el Tribunal sentenció a 20 años de prisión al ex policía Raúl Guglielminetti, conocido como el Mayor Guastavino, y a 25 años para los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Ruffo y Horacio Martínez.

Por el Taller Orletti pasaron unos doscientos sudamericanos, principalmente uruguayos, pero también chilenos, bolivianos, peruanos y dos funcionarios de la Embajada de Cuba, donde sufrieron la represión del Plan Cóndor.

Lamentablemente, mientras en Argentina la justicia avanza contra los represores, en Chile ocurre todo lo contrario. Ex represores de la dictadura de Pinochet han quedado en libertad. Organismos de derechos humanos chilenos protestaron por el arresto domiciliario que el gobierno de Sebastián Piñera le otorgó al ex general Odlanier Mena, responsable de múltiples asesinatos. La medida, que favorece desde febrero al jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, fue por otro lado defendida por parlamentarios del partido del Gobierno actual chileno y que colaboraron con la dictadura.

Y siguiendo con represores de las dictaduras latinoamericanas. El ex ministro del Interior guatemalteco Carlos Vielmann se opuso, en la Audiencia Nacional española, a su extradición a Guatemala, como lo pide la Fiscalía de ese país, donde está acusado por crímenes de lesa humanidad y de diez delitos de asesinato, y pidió ser juzgado en España para demostrar su inocencia.

Vielmann, nacionalizado español en 2009, fue detenido por primera vez en España el 13 de octubre de 2010, pero fue excarcelado el 23 de noviembre porque Guatemala no envió en plazo los documentos necesarios para su extradición. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, presentó entonces una querella contra él por los mismos delitos por los que le reclama Guatemala, y fue detenido de nuevo el 16 de diciembre y puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Al tener causa abierta en la Audiencia, el juicio sería posible en España.

El fiscal Jesús Alonso defiende la entrega de Vielmann al entender que no hay motivo político y que la nacionalidad española no es motivo para denegarla, ya que la adquirió después de que se produjeran los hechos que se le imputan.