La Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid está alzando la voz estos días contra la iniciativa de anteproyecto de Ley de Interrupción del Embarazo promovida por el Gobierno. Para la Plataforma, la ley no hace sino demostrar que el Gobierno del Partido Popular ha cedido ante las presiones de los sectores ultraderechistas y a la jerarquía eclesiástica, cuyas ideologías rechazan y condenan cualquier práctica sexual que se aleje de sus postulados morales y religiosos, concretándose en un ataque machista al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y la libertad a elegir su proyecto de vida, ejerciendo el control sobre su sexualidad y capacidad de reproducción.

Esta iniciativa anunciada por el PP no responde a ninguna demanda social, supone una involución en los derechos de las mujeres, solo para satisfacer a un 10% de la población, y supone un ejercicio de violencia, sentimiento de culpabilidad e incluso tortura para quienes no desean ser madres.

La nueva Ley será más restrictiva que la de 1985, y un retroceso en comparación con el resto de legislaciones europeas. El Gobierno español está obligado por la normativa europea a mantener una Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y la Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva (2001/2128 INI) recomienda que para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres el aborto sea legal, seguro y accesible a todas las mujeres, sin embargo, esta nueva Ley parece que será de “casos”, analizará las circunstancias de cada mujer para autorizar el aborto, en su caso, a través de una figura jurídica o médica, manteniendo a las mujeres dependientes de la autoridad, en muchos casos hombres ajenos a sus vidas, e impone que el supuesto de peligro de la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse y no debe ser entendido como pretexto, se prohibirá el aborto por malformación del feto, dejando sin valor los avances sobre diagnóstico prenatal.

Todo ello no sólo supondrá un menoscabo de la salud sexual y reproductiva donde las mujeres quedarán en situación de indefensión sanitaria, aún afectadas por patologías fetales, volverá a considerarse el aborto como un delito, regresando a los tiempos de la dictadura española cuando se producían unos 100.000 abortos clandestinos anuales con una cifra de mortalidad lo menos de 200 mujeres al año. En la actualidad, casi todos los países europeos permiten a las mujeres acogerse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante plazos en las primeras semanas de gestación y supuestos o indicadores excepcionales para posteriores semanas.

Desde la Emisora Comunitaria de Leganés, ECO Leganés, nos ofrecen la entrevista con Elena Sigüenza, de la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid.