En el Estado español, desde la promulgación de la primera Ley de Extranjería en 1985, miles de personas extranjeras han estado internadas en "centros públicos de carácter no penitenciario" a la espera de ser expulsados por no tener los documentos requeridos para residir en el territorio. Estas pseudos-cárceles son llamadas Centros de Internamiento para Extranjeros, CIEs. Estos centros, junto con los otros campos de detención e internamiento de extranjeros en los aeropuertos, puertos y ciudades europeas y los construidos, con fondos europeos, en países africanos, como Libia y Mauritania, son uno de los pilares de la política de repatriación de la Europa fortaleza.

Es importante entender que las personas retenidas en los CIES no han cometido ningún delito, y son privadas de libertad por una falta administrativa, que una persona española saldaría con el pago de una multa.

Lo peor es lo que sucede en el interior de estos llamados "Guantánamos españoles", ya que numerosas personas migrantes que han pasado por estos centros de horror denuncian condiciones inhumanas y maltrato por parte de las autoridades.

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