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Madrid: más de 76.000 firmas para una ley que garantice el derecho a la vivienda, prohíba los desahucios sin alternativa y evite la pobreza energética



ONG, colectivos y sociedad civilVivienda y urbanismo  |  Estado Español

24 de agosto de 2017

El movimiento por el derecho a la vivienda de Madrid ha entregado más de 76.000 firmas para que la Asamblea regional tramite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Buscan facilitar el acceso a la vivienda pública, prohibir desahucios sin alternativa y evitar casos de pobreza energética.

Se trata de una iniciativa ciudadana promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, en la que se integran la Plataforma Antidesahucios -PAH-, y los grupos de vivienda surgidos del 15-M, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas (ALA).

El artículo 47 de la Constitución, reconoce el derecho de todos los españoles a una “vivienda digna” y obliga a los poderes públicos a garantizarlo “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Un artículo claramente incumplido por los últimos gobiernos regionales y municipales del PP, que vendieron en plena crisis económica miles de viviendas sociales a diferentes fondos de inversión por un valor inferior al de su construcción.

La ILP garantiza el derecho a solicitar una vivienda pública en alquiler a cualquier madrileño y establece criterios de prioridad en función de las circunstancias personales de cada solicitante.

Al mismo tiempo obliga a ofrecer un alquiler social para las personas en riesgo de exclusión que vayan a ser desahuciadas por los llamados “grandes tenedores de vivienda” como las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, los fondos de inversión y la Sareb, conocida popularmente como el “banco malo” creado por el Gobierno.

La idea de esta iniciativa es poner a disposición de la ciudadanía el gran número de viviendas vacías que hay en la Comunidad de Madrid, que estiman en 300.000 y que, en su mayoría, pertenecen a estos grandes tenedores después de haber desahuciado a miles de personas durante la crisis.

La iniciativa termina con un apartado con medidas para evitar la pobreza energética, entre las que se encuentran la prohibición a las empresas energéticas de cortar los suministros de agua, gas y electricidad a los hogares en situación de vulnerabilidad sin antes solicitar un informe a los servicios sociales.



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