Por decisión unánime, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la inmediata liberación de Adriana, indígena tlapaneca que presentó un aborto espontáneo pero fue acusada de “homicidio en razón de parentesco” con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico.

Fue así que se ordenó la inmediata y absoluta libertad de Adriana, quien hasta hoy purgaba una condena de 22 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. La mujer pasó siete años en reclusión y por fin quedó en libertad.

En 2006 Adriana presentó un aborto espontáneo debido a la falta de atención prenatal y la violencia física de la que fue víctima a manos de su pareja y su familia. Fue juzgada, incriminada e incluso apedreada en una asamblea comunitaria. Posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público por su padre y su tío (que en ese entonces era el comisario del pueblo), donde careció de un intérprete, ya que Adriana no habla castellano, que le tomara su declaración y le explicara el procedimiento legal.

Lo increíble es que se comprobara el supuesto homicidio a través de “docimasia pulmonar”, prueba que carece de rigor científico y que consiste en sumergir al feto o sus pulmones en agua para saber si respiró. De flotar se considera que no se trató de un aborto sino de un asesinato. Y así, en un primer momento, Adriana fue culpada de homicidio calificado y condenada a 32 años de prisión, pero un defensor de oficio logró revertir el fallo. El delito fue reclasificado como “homicidio en razón de parentesco” y en abril de 2010 fue sentenciada a 22 años de cárcel.

En el siguiente informe de Fernando Velázquez, grabado horas antes del fallo del Tribunal que finalmente ha puesto en libertad a Adriana, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres y abogada que litigó el amparo, el caso es sólo un botón de muestra de la realidad que enfrentan muchas indígenas de México, ya que “el verdadero delito de Adriana es ser mujer, pobre e indígena”.