En el pasado mes de diciembre el Parlamento Europeo votó No a la prórroga del Acuerdo de Pesca con Marruecos. Varias organizaciones sociales y ecologistas muestran su satisfacción por la no ratificación de la prórroga y explican que el acuerdo violaba claramente el Derecho Internacional, legitima la ocupación militar e ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos para el expolio de los recursos naturales de territorio saharaui y constituye un obstáculo más para la resolución del conflicto.

En España, el sector pesquero y los medios corporativos y públicos, han presentado la noticia como negativa, ya que la mayoría de barcos que pescaban en aguas del Sáhara son españoles. Y con la crisis esos pescadores quedan ahora en una situación difícil. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que hay que contar lo que no se cuenta para que se entienda la importancia de la medida europea.

En 2007 se firmó el primer Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos por una duraciónde cuatro años. Se concedieron 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles. A cambio, la UE aportó 144 millones de euros a Marruecos. El acuerdo se volvió a renovar el pasado 27 de febrero, pero sólo por un año a causa de las reticencias mostradas tanto por la Comisaria de Pesca como por ciertos Estados Miembros y por las Comisiones de Presupuestos y Desarrollo del Parlamento Europeo, que tenían serias dudas respecto a su legalidad y a sus ventajas económicas y financieras. España, por el contrario, siempre estuvo entre los países que más apoyaron la renovación del acuerdo, todo ello a pesar de su responsabilidad histórica en el conflicto del Sáhara Occidental y del apoyo que gran parte de la población española profesa hacia el Pueblo Saharaui.

El territorio del Sahara Occidental -como señalara la Asesoría Jurídica de las Naciones Unidas en 2002- está considerado como un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, por lo que la explotación de sus recursos naturales es contraria al Derecho internacional si no se cumplen dos requisitos básicos: que los beneficios de cualquier explotación repercutan directamente en la población saharaui, y que cualquier acuerdo referente a los mismos cuente con el visto bueno de quien, en palabras de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es su único y legítimo representante: el Frente Polisario. Sin embargo, los acuerdos de pesca firmados hasta el momento, ni han contado con la aprobación del Frente Polisario, que se ha manifestado en contra delos mismos, ni ha beneficiado a la población saharaui.

Manolo Gallego, de Radio Klara, en Valencia, conversa sobre este asunto con Juan Vicente Luz, de la organización Al-Amal, de la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valenciano.