El informativo de las radios libres y comunitarias
Red de Medios Comunitarios, Federación de Sindicatos de Periodistas y Plataforma en Defensa de la Libertad de Información piden al Gobierno que cumpla la ley y se otorguen licencias a los medios comunitarios



Medios de comunicaciónONG, colectivos y sociedad civil  |  Estado Español

26 de junio de 2018

Estas tres organizaciones han solicitado por escrito a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, que se cumpla la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y se acabe inmediatamente con el bloqueo en el acceso a licencias de emisión a los medios de comunicación comunitarios. Esta situación perjudica a más de 5.000 personas que ejercen su derecho a comunicar por los medios sin ánimo de lucro y a las miles que escuchan y ven estas emisoras.

En junio de 2017, hace ya un año, la misma mayoría parlamentaria que ha votado a Sánchez para llegar a La Moncloa (y algunos partidos más, como Ciudadanos y todo el Grupo Mixto) aprobó una proposición no de ley (PNL) en la que instaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cumplir la LGCA en materia de medios comunitarios; es decir, a planificar licencias para estas radios y televisiones.

En esa PNL también piden al Gobierno que otorgue autorizaciones provisionales a los medios comunitarios anteriores a 2009. Cuatro comunidades autónomas han solicitado al Ejecutivo que planifique espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, de forma que posteriormente las autonomías puedan adjudicar estas licencias. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Andalucía. Navarra también ha anunciado que lo solicitará.

Tras la PNL, el Gobierno del PP siguió ignorando la voluntad popular y la de sus representantes. Eso no ha sido menos grave que haber incumplido la LGCA durante 7 años, haber excluido a las televisiones comunitarias del reparto de licencias de la TDT (el Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por ello) y, en definitiva, no haber planificado frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.

En la misiva, ReMC, FeSP, PDLI piden al Gobierno que cambie la actitud que ha mantenido hasta ahora la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital sobre este asunto. La gestión del espectro radioeléctrico debe ajustarse a la realidad: sí hay espacio para los medios comunitarios en el dial. Además, dar seguridad jurídica a estas iniciativas ciudadanas es beneficioso para todo el sector audiovisual, ya que recorta el espacio a las emisiones pirata que hacen competencia desleal a otros operadores, tal y como asegura un informe jurídico de la Generalitat de Cataluña.

La puesta en práctica de la PNL sobre medios comunitarios no supondría coste económico alguno, por lo que no afecta a los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, no poner en marcha esta PNL sí puede suponer costes para las arcas públicas, ya que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede establecer la necesidad de reparar económicamente el daño hecho al sector de los medios comunitarios por el incumplimiento de la legislación por parte del Gobierno.

ReMC, FesP y PDLI consideran que los medios comunitarios deben gozar de seguridad jurídica para operar (licencias o instrumentos análogos), protección ante interferencias de emisoras comerciales piratas y acceso a medidas de fomento impulsadas por las administraciones públicas.

Aunque hay diversas formas de satisfacer esta necesidad democrática, una de las mejores maneras consiste en que el Gobierno de España cumpla de una vez por todas lo que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual para los medios comunitarios sin ánimo de lucro y planifique frecuencias para estas iniciativas ciudadanas ajustándose a las recomendaciones que la UNESCO hace a los Estados en materia de medios comunitarios.

Según los datos de la ReMC y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria y Participativa (RICCAP), unos 200 medios comunitarios emiten por ondas en todo el Estado español.



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