La discriminación es, lamentablemente, una realidad que sufren a día de hoy millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Personas discriminadas por muy diversas razones: por raza, por ser mujer, por ser migrante, por ser de otro lugar.

Si bien en muchos casos estas formas de discriminar se dan por parte de otras personas, en el ámbito de las relaciones humanas, también existe en ocasiones la discriminación institucional, es decir, la que es ejercida por el poder gobernante, por las leyes de una determinada región y por las prácticas de determinadas administraciones o instituciones nacionales o internacionales.

Otro aspecto importante es señalar que también estamos acostumbrados a que las realidades de discriminación, racismo y xenofobia sean reflejadas en estudios, en encuestas y en cifras que se nos presenta a través de organizaciones, investigaciones académicas o instituciones oficiales. Pero detrás de esos datos están vivencias concretas, con nombres y apellidos.

En el Estado español, el Gobierno está afrontando un proyecto de reforma del Código Penal, que por primera vez castiga la ayuda desinteresada y por solidaridad a migrantes en situación administrativa irregular. Si la reforma fuera aprobada se castigaría la solidaridad y el apoyo a las personas más vulnerables, como es el caso de migrantes sin papeles. En respuesta centenares de miles de personas y multitud de organizaciones sociales, están denunciando las intenciones gubernamentales y apoyan una campaña que se llama Salvemos la Hospitalidad, para intentar que no se apruebe la reforma del código penal que pretende el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

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