El Gobierno francés adoptará el próximo día 17 un proyecto de ley que establece el derecho a reclamar una vivienda al Estado ante los tribunales. De esta manera, el Parlamento podrá aprobarlo antes de que termine esta Legislatura, si bien no estará plenamente en vigor hasta el año 2012.

Con dos procesos electorales en puertas, las elecciones presidenciales (entre abril y mayo próximo) y las legislativas (en junio), el debate sobre la crisis de la vivienda ha entrado de lleno en la precampaña electoral francesa, con la instalación de campamentos improvisados en las grandes ciudades y la ocupación de edificios por asociaciones de defensa de los indigentes.

Una vez adoptada antes del 22 de febrero próximo —cuando el Parlamento concluye los trabajos de la actual Legislatura—, la nueva ley podrá ser aplicada desde finales del 2008 para los casos más urgentes, como los calificados en Francia como Sin Domicilio Fijo, los trabajadores pobres y las mujeres solas con niños, tal y como ha explicado Villepin.

Sin embargo, no será hasta el 1 de enero del año 2012 —se calcula que entonces se habrán construido todas las viviendas sociales necesarias—, cuando la futura norma será aplicada en su totalidad y se podrá garantizar que no haya "familias alojadas en sitios indignos o insalubres".

Según el borrador del proyecto de ley, el Estado será el garante jurídico del derecho de toda persona a una vivienda, aunque se prevé delegar competencias a algunas colectividades locales. De esta forma, según el primer ministro, se pretende evitar "que pese sobre las colectividades una carga nueva".