El Gobierno español mintió sobre la actuación de la Guardia Civil en los hechos que terminaron con la muerte de 15 personas migrantes que pretendían entrar a nado por la frontera de Ceuta. Primero dijeron que no habían intervenido, que solo había intervenido la policía marroquí, pero después de ser acusados por testigos de haber disparado con gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban, reconocieron que sí que habían disparado, pero solo contra migrantes en tierra.

Además negaron que hubieran devuelto ilegalmente a varios migrantes que lograron llegar a territorio español cosa que niegan diferentes vídeos que se han dado a conocer durante los últimos días.

El sábado se produjo una manifestación ante el Consulado español en Tánger para criticar la actuación de las autoridades españolas en la frontera con Marruecos donde se violan los Derechos Humanos desde hace años.

Es cierto que el Estado español ha sido condenado ya por prácticas fronterizas que violan los Derechos Humanos, pero además que violan la legislación internacional y nacional sobre los derechos de personas a acogerse al estatuto de refugiados. Los migrantes que son repelidos por las fuerzas policiales marroquíes y españolas denuncian prácticas mafiosas en las que hasta negocian con dinero.

La Guardia Civil ha recibido ya la petición de un juzgado de Ceuta para que entregue todas las grabaciones que se hicieron desde el perímetro fronterizo el 6 de febrero, día en el que murieron al menos 15 inmigrantes subsaharianos, y entregará dicho material "cuanto antes".
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que el Pleno del Congreso pida este martes la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la "gravedad" de lo sucedido en Ceuta el pasado 6 de febrero, cuando una quincena de inmigrantes murieron ahogados al intentar cruzar a nado de Marruecos a España frente a la playa del Tarajal.