El guión es bien conocido: se criminaliza a la llamada inmigración clandestina y, desde ahí, se limitan los derechos de todos los extranjeros.

En el Estado Español hay una ley de extranjería que fue aprobada en 2003 gracias a un pacto entre las principales fuerzas políticas. Es una ley muy parecida a la de otros países europeos. Lo que hace básicamente es condicionar el permiso de estancia a la posesión de un contrato laboral. El que no pueda trabajar será expulsado. La misma suerte corren las personas que sí trabajan, pero sin contrato: son muchas, sobre todo en los sectores más dinámicos de la economía española, como la construcción y la hostelería. Conseguir los papeles es una tarea muy ardua, ya que ahora se aceptan tan sólo los contratos adquiridos en los países de origen de los migrantes.

Sin embargo, en la actual ley hay algunos resquicios que permiten a los que llevan muchos años en España regularizar su situación. Si bien, lo repetimos, siempre es muy difícil.

Ahora, el Senado español ha aprobado una proposición de ley que se titula “para la lucha contra la inmigración clandestina”.

Escuchemos la información.