Después de 70 días de protesta y 34 muertos, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana le han ganado el pulso al Gobierno presidido por Alan García. Tras una reunión celebrada con líderes indígenas, el Ejecutivo se comprometió el lunes pasado a derogar dos decretos que forman parte del paquete de normas que originaron las protestas indígenas.

Estos decretos permitían aumentar las inversiones en la Amazonía contra el deseo de los indígenas. Las comunidades nativas celebraron el acuerdo, pero señalaron que las movilizaciones, que comenzaron a principios de junio, no terminarán hasta que se concrete la derogación de las normas.

Mientras tanto, el Gobierno de Perú está arremetiendo contra organizaciones no gubernamentales. El diputado Luis González Posadas acusa a algunas ONG de impulsar una campaña de calumnias, como Survival y Amazon Watch, y ha sugerido que el Gobierno les demande por 100 millones de dólares. El Gobierno acusa a estas organizaciones de incitar las protestas indígenas.