En Perú se está dando un caso de persecución policial y judicial contra organizaciones sociales y campesinas que denuncian los abusos cometidos en el país. En el norte del país se ha llevado adelante una denuncia formulada por el supuesto delito de terrorismo contra 35 personas que impulsaron una consulta vecinal en la localidad de Piura, para que los ciudadanos y ciudadanas se pronunciaran sobre las operaciones de una empresa minera, la empresa Majaz, hoy denominada Río Blanco Copper S.A. La denuncia la ha tramitado una asociación de reciente creación que apoya abiertamente las operaciones de la compañía minera y que intenta vincular a las 35 personas como representantes de grupos radicales de izquierda y remanentes de los grupos armados Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Los movimientos sociales han reaccionado y afirman que las personas involucradas en la denuncia por subversión están simplemente realizando un estudio legítimo sobre cuáles serán los efectos de la minera en materia medio ambiental y en la producción agropecuaria frente al dinero que pueda dejar los tributos de la explotación minera. Remarcan que la acusación a los activistas evidencia el empeño del gobierno por ceder ante los intereses de las compañías mineras sin tomar en cuenta el rechazo de la población.

Más datos, en contacto con ALER, y desde Perú, con Ricardo Castillo, de Radio Cutivalú.