Dentro de la economía y de su amplio espectro de orientaciones, existe lo que se viene llamando Economía Social y Solidaria, que ofrece principios y enfoques alternativos frente al funcionamiento de la economía capitalista, que propone iniciativas prácticas colocando a las personas y, en general, a la sostenibilidad de la vida en el centro y como objetivo de su actividad.

Las Redes de Economía Alternativa y Solidaria del estado español acaban de lanzar una campaña para favorecer que las Administraciones Públicas contraten a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y asociaciones con ese carácter Social y Solidario a través de laContratación Pública Responsable.

Leire Álvarez de Eulate, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS Euskadi, nos explica qué es la Contratación Pública Responsable.

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Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha saltado el periodo de dos años que daba la Unión Europea para adaptar una Directiva del año 2014 en la Ley de Contratos Públicos, norma que ha sido vista con buenos ojos por las organizaciones y empresas de economía social porque modifica a su favor un escenario, el de consumo de bienes y servicios por parte de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y Ministerios que en el Estado español está escorado a favor de unas empresas específicas...

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Y si se implementara la Directiva Europea las cosas cambiarían con medidas muy concretas como la que cuenta Leire Álvarez de Eulate.

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Para dar información sobre esta cuestión las redes de economía social y solidaria del Estado español han lanzado una campaña que nos explica Leire, de REAS Euskadi.

En época de elecciones, los partidos políticos suelen mostrarse más abiertos a introducir en sus programas cuestiones sociales. Por este motivo nos preguntamos qué están diciendo sobre la contratación pública responsable y sobre economía social los diferentes partidos políticos.

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La Contratación Pública supone el 18% del Producto Interior Bruto, y teniendo en cuenta que el 80% de la actividad económica está en manos de pequeñas y medianas empresas, parecería lógico y de justicia que las Administraciones Públicas no premiaran siempre a las grandes empresas, o incluso a las empresas de sus círculos cercanos, que luego producen corrupción como en los casos Púnica o Gürtel, y que las empresas y organizaciones de la economía social pudieran ofrecer sus servicios con sus principios éticos, laborales y medioambientales.